El costo de la impotencia democrática

Segundo zarpazo en menos de tres meses. Pero esta vez como que fue menos doloroso, menos angustiante, hasta cayó suavecito pues muchos se lo esperaban. Hablamos de las elecciones regionales en Venezuela, en la que se eligieron nuevos gobernadores, alcaldes concejales y otros cargos más.

Según la ley venezolana en la materia, los procesos electorales deben ser totalmente automatizados y el voto –como derecho- queda en potestad del ciudadano ejercerlo, es decir, no es obligatorio. Como último ingrediente, las elecciones regionales han gozado “históricamente” de una tremenda apatía de la población pues “lo importante” son las presidenciales y/o parlamentarias. En otras palabras, muchos no se percatan de que también está en juego una gran cuota de poder.

El proceso fue similar al referéndum revocatorio del 15 de agosto. Demoras en la instalación de algunas mesas y en la entrega de credenciales a los miembros de mesa, para empezar. Ya el elector presto a votar, la primera alcabala que se le presenta son las llamadas “cazahuellas”, elemento anticonstitucional, anti derechos humanos y anti todo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha colocado supuestamente para evitar que alguien vote dos veces.

En ninguna parte del universo democrático (conocido) la persona tiene condiciones previas para ejercer un derecho y más aún, en ningún lugar del planeta (democrático) se le puede impedir al ciudadano votar “porque la computadora dice que ya votó”. Le cuesta a uno tratar de comprender cómo se pueda aceptar tal vejación, so pretexto antifraude. O sea, ¿son tan malos los controles de identificación y el Registro Electoral que tienen que contar con ese aparatejo?

Luego, si pasó el filtro “cazahuella”, el ciudadano ejerce el voto a través de una “tarjeta electrónica” que pulsa y cuyos resultados se reflejan en la pantalla de la máquina de votación, la cual imprime un comprobante con la elección hecha y se deposita en una caja con todos los sufragios de la mesa. Hasta ahí nada extraño… salvo que esas cajas nunca son abiertas para que el público cuente los votos. Todo queda en manos de las inteligentes, sofisticadas y seguras máquinas electorales.

El CNE apoyado por el “Plan República” (la Fuerza Armada en misión electoral) viola flagrantemente la ley al no permitir el escrutinio. En esta ocasión, la máxima autoridad militar y el ministro del interior y justicia intervinieron públicamente para “advertir” que nadie se atreva a pedir el escrutinio (que se abran las cajas). Lo único posible era la auditoría y de una sola caja por centro de votación.

El cierre del proceso estaba programado para las cuatro de la tarde. Se pospuso para las cinco y luego para las seis para “dar oportunidad” a la gente que vote. El primer boletín se ofreció para las ocho y media o nueve de la noche, y luego para las 11. Con todo lo automatizado del proceso, el CNE emitió su primer informe pasada la medianoche. Curiosamente, el organismo electoral, oficial de la nación, da su informe subrayando que es “extraoficial” (¿será que otros son los encargados de entregar el oficial?).

Los resultados no fueron nada sorprendentes, sobre la base de lo expuesto. El oficialismo -chavismo, para ser precisos- ganó casi todo (nos queda la duda de si lo correcto es decir “ganó” o se “apropió”). Dos de las alcadías distritales de Caracas en donde es groseramente evidente que la oposición tiene el control, lo mantuvieron. La gobernación del Estado Zulia, zona petrolera, también continuó en manos de la oposición. Sin embargo, dos gobernaciones importantes (Miranda y Carabobo) supuestamente pasaron al chavismo, lo cual suena a un caso de la dimensión desconocida. La única forma de tener certeza es abriendo las cajas, cosa que el CNE se niega a hacer.

Ante este panorama, la población no chavista (40% según cifras “oficiales” del referéndum, 60% según la oposición) luce bastante decepcionada, sin líderes, sin una dirigencia creíble, inteligente, capacitada de aglutinar fuerzas ciudadanas. La torpeza de los partidos políticos y sus dirigentes impulsó a algunos a actuar como borregos y/o a la abstención. Por lo menos 60% se quedó en sus casas, quizás muchísimo más. Claro, las cifras “oficiales” pueden decir cualquier cosa.

Ese gran porcentaje de gente que no votó ahora es responsable de que puedan tener autoridades regionales y municipales que nunca quisieron tener. Esa gente tuvo la oportunidad de colocar a personas de su preferencia, pero dejó que otros –supuestamente- lo hagan a su antojo.

Por el lado del gobierno, de los poderes del Estado, la burda manipulación del poder, el manoseo de las leyes a su antojo no hace sino quitarles legitimidad y ponerle más leña a ese fuego que calienta un caldo de frustración, impotencia y rabia (“arrechera” a la venezolana) de gran parte de la sociedad. Un caldo, un sancocho de sentimientos encontrados, que puede pasar a ser una peligrosa pócima que transforme mortales en demonios.

Esta crónica seudo democrática no puede acabar sin un mensaje para el electorado peruano. El voto en el Perú es un derecho y un deber, y quien no lo cumpla, paga una multa. En Venezuela no es obligatorio, pero quien no lo ejerce, también paga… y paga algo más que una multa. Y hasta pagan justos por pecadores.