lunes, 25 de octubre de 2004

La censura como ademán del poder

Su último cargo fue el de ministro de Finanzas. Con anterioridad fue Director General Sectorial de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa, y Jefe de la Oficina Central de Presupuesto. Pero eso fue antes de caer en desgracia por no compartir los ¿lineamientos? de la “revolución” de Chávez. Ya en situación de retiro, el general del Ejército Francisco Usón se convierte en el primer reo en Venezuela por el grave delito de opinar en contra del gobierno, y con cinco años de prisión.

En abril de 2002, tras el “golpe de estado” (muy discutible ya que el Alto Mando Militar, con su máximo jefe a la cabeza, anunció la renuncia de Chávez) y la matanza de civiles inocentes que marchaban hacia el Palacio de Miraflores y otros tantos agolpados en sus cercanías, Usón hizo públicas sus discrepancias con el régimen. Como él, nadie se imaginaría que el gobierno de transición de Pedro Carmona (antes líder de una cúpula empresarial) fuese tan efímero.

Al retomar Chávez el poder, no sin antes darse golpes de pecho y prometer reflexión y buenas intenciones, comenzó la persecución de todo aquel que haya participado directa o indirectamente en ese gobierno fugaz, así haya sido asomado, convidado de piedra o su nombre rumoreado en algún posible cargo. Usón no escapaba a dicha situación y fue dado de baja en mayo de ese año. Pero la retaliación no quedaría ahí.

Hace unos meses un caso estremeció la opinión pública venezolana. Unos soldados fueron literalmente carbonizados en una celda de castigo de cuartel en unos hechos que sólo los conocen los sobrevivientes (pues hasta víctimas hubo), y que seguro algún día se conocerán. El general Usón, en un programa televisivo de opinión, se “atrevió” a exponer la hipótesis de que los soldados fueron quemados por efecto de un lanzallamas, desde fuera de la celda.

Esa peregrina declaración fue considerada por la Fiscalía Militar incursa en un artículo del Código de Justicia Militar que castiga hasta con ocho años de prisión “al que de alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”. El que se aplique la Justicia Militar a un militar retirado, ya no es cosa rara en Venezuela. Lo nuevo es que se castigue por opinar (así se diga que es injuria) y lo triste es que parece ser sólo el comienzo.

La Asamblea Nacional (el Congreso) está discutiendo a pasos acelerados la aprobación de la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión” o llamada “Ley Resorte” por los oficialistas o “Ley Mordaza” por los que no lo son. Sus objetivos son tan dispersos y variados que van desde la paz hasta la salud pública, pasando por la “justicia social”. Pretende regular los servicios de radio tradicionales, de onda corta, de suscripción y hasta los difundidos por internet; así como los servicios de televisión habidos y por haber (no se salvan los de cable o de internet).

Sin exagerar en lo más mínimo, con esta ley el gobierno venezolano pretende –por ejemplo- que nadie opine o que nadie lo oiga o vea, pues ese tipo de programas tendrían un horario pasadas las 11 de la noche. Las empresas, además, se hacen responsables por lo que algún entrevistado diga, pudiendo ser sancionadas hasta con la revocatoria de la concesión.

El gobierno (aunque diga el Estado) tendría 10 minutos diarios gratuitos “para la difusión de mensajes educativos, informativos o preventivos de servicio público”(¿?). Hasta la publicidad estaría regulada y –obviamente- la ley tiene una serie de parámetros para clasificar los programas y los contenidos de lenguaje, salud, sexo y violencia; sin dejar de lado la creación de organismos “reguladores” con el fin de “democratizar” la radio y la televisión. ¿No lo puede creer? Visite la página web de la Asamblea Nacional de Venezuela y créalo.

Lo más peligroso de este raro entorno se puede percibir casi subliminalmente en algunos medios de comunicación: la censura previa o “autocensura”. Polémicos entrevistadores no entrevistan y algunos columnistas son algo dulces para el ácido acostumbrado. El gobierno quiere asegurarse de que no haya voces disidentes que alienten la oposición. Sabe que su famosa “revolución” no es a prueba de verdades.

El próximo domingo 31 de octubre hay elecciones regionales en Venezuela (gobernadores, alcades, concejales) y se prevé una elevada abstención, dada la frustrante experiencia con el referéndum revocatorio de agosto. La población se está aplicando a sí misma la censura previa al no ir a votar. Cuando el poder no se ejerce sino a través de ademanes, un gobierno se deslegitima. Y así haga leyes para impedirla, su caída está sentenciada. Algún parecido con la realidad peruana, es pura casualidad.

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