¡¡¡Que tal concha!!! *

Luego de recordar cómo se “tumbó” un gobierno en Bolivia, cuyo presidente tuvo que literalmente escaparse de la ciudad en un helicóptero; o de recordar cómo su vecino argentino tiempo atrás tuvo que hacer lo mismo (curiosamente, también en helicóptero); tras hacer memoria de los hechos en Ecuador que igualmente derrocaron a un presidente; o las turbas enardecidas en Haití o inclusive de cómo un video significó la caída de Fujimori en el Perú; cuesta creer que sea realidad lo que acontece en Venezuela. Más de uno –creo yo-, despierta cada mañana con la esperanza de que todo es una pesadilla.

“Chávez está de nuevo fuera del país y cuando eso sucede -más aun cuando son muchos días- es que algo cocinado pretende encontrar a su regreso, listo para darle el sorbo del visto bueno. ¿Será que a su regreso tendrán a los culpables identificados y hasta capturados? ¿Será que habrá nuevas leyes que eviten todo tipo de terrorismo, incluyendo el verbal?”, escribíamos el 22 de noviembre. Venezuela todavía estaba conmocionada por el asesinato del fiscal Danilo Anderson y las autoridades policiales habían emprendido la cacería de los autores. Sin embargo, las actuaciones realizadas hasta ahora han sido absurdas, torpes y rayan con la ineptitud.

¿Quién en su sano juicio puede creer que un asesino, un mercenario, guarda armamento debajo de la mesa de la cocina, o una bomba en la mesa de noche? Resulta “extraño” que se liquiden a los “autores” antes de que declaren o que se los “desaparezca” días antes de apresarlos. Ante los señalamientos de abusos policiales, de violación de derechos humanos y de hasta asesinatos, gente del gobierno se limita a decir que los medios quieren desviar las investigaciones porque tocan sus intereses.

Además de darle casi un olor a santidad, de bautizar un programa de becas de Fundayacucho con su nombre y otras actividades similares, pareciera que el asesinato de Anderson ha servido para justificar la línea dura del gobierno a rajatabla, la cual se estaba mostrando a cuentagotas con anterioridad. Las más polémicas leyes están siendo “discutidas” (es un decir, porque el oficialismo cuenta con mayoría en la Asamblea) y aprobadas.

Para empezar está la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (que comentamos el pasado 25 de octubre), la cual fue aprobada por la Asamblea y está a punto de entrar en vigencia. Llamada por la oposición “Ley Mordaza”, esta norma promueve la autocensura y otorga completa discrecionalidad a funcionarios del gobierno a decidir que está bien o mal decir o transmitir en radio y/o televisión. Organismos internacionales ya han llamado la atención sobre la confiscación de derechos humanos por esta ley, ante lo cual –qué ironía- el ministro de comunicación e información ha respondido, no como un vocero, sino como un trasnochado dirigente estudiantil, y hasta calificándoles de “golpistas” y “sin autoridad moral”.

Luego están la Reforma Parcial del Código Penal y la Ley contra Actos de Naturaleza Terrorista, instrumentos mediante los cuales de pretende castigar conductas “antidemocráticas”. Por citar alguna de ellas, los famosos “cacerolazos”, ese acto cívico-culinario de golpear las ollas vacías en señal de protesta, puede ser castigado hasta con prisión; ya que no es posible perturbar al gobierno o a un funcionario gubernamental con tamaña ofensa. Es que no hay personaje del gobierno que resista entrar a un sitio público y que los comensales –por ejemplo- golpeen vasos, copas, platos con los cubiertos en señal de desaprobación…

No sería extraño que dentro de poco se promueva una “Ley de Responsabilidad Social de los Medios Impresos y en Internet”. Ya colocada la censura en radio y televisión, hay que ponerla también a la palabra escrita. O sea, eliminar todo intento terrorista, antidemocrático de subvertir el orden bolivariano en Venezuela. Mira, oye pero calla.

El colmo de los colmos es que ahora se pretende juzgar algo ya juzgado, o sea, la “revolución bolivariana” es tan revolucionaria que hasta pretende cambiar principios elementales del derecho universal (y tampoco sería raro que lo hagan). ¿A qué nos referimos? Pues a la insólita solicitud del fiscal general de revisar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se dejó establecido que lo que hubo el 11 de abril de 2002 fue un “vacío de poder” y no un “golpe de estado”, como jura y perjura el gobierno que fue lo que aconteció.

En ese proceso se juzgaron a un grupo de militares que participaron en esas confusas horas, movidos por la declaración del entonces general en jefe Lucas Rincón, quien declaró clarísimo a todo el mundo que a Hugo Chávez se le pidió la renuncia, “la cual aceptó”. ¿Qué se pretende ahora? ¿Reescribir la historia? ¿Cambiarla por mandato del Tribunal Supremo?

Hasta el más ingenuo se da cuenta de que lo que está haciendo Chávez y sus secuaces –perdón-, y su equipo de gobierno, es crearse una coraza, un blindaje, una concha legalista contra todo. Amparado en que su gobierno, en algún momento de la historia fue elegido democráticamente, en elecciones limpias y todo lo demás, ahora sobre la base de esa –ahora- dudosa condición dicta, reforma, hace y rehace las leyes a su antojo. Chávez quiere tener una autocracia cobijada por la ley, una dictadura con concha legal, hasta con una constitución que él interpreta como le da la gana. ¡¡¡ Qué tal concha la de Chávez!!!.

(*) En Venezuela “concha” equivale a decir cáscara o cubierta externa.