Los bancos: ¿necesidad o lujo de una sociedad?

¿Quién no ha hecho una larga cola para cobrar un cheque en una agencia bancaria? ¿Quién no ha tenido algún problema con un cajero automático? ¿Quién no se ha asombrado cuando al final de mes ve en su estado de cuenta una serie de cobros por mantenimiento de cuenta, saldo mínimo, u otro extraño concepto? ¿Quién no ha tenido que ir al banco alguna vez en su vida? ¿Son indispensables los bancos para la sociedad?

Para algunos, los bancos son un “mal necesario”. Para otros, la solución a sus problemas financieros; pero para un sector de la población, pueden resultar hasta “inalcanzables”. Bancos grandes, pequeños, con muchas agencias, con cajeros automáticos, con cuentas manejables por Internet, los hay para todos los gustos.

En principio, las instituciones financieras son empresas y -como tal- su objetivo es generar utilidades para sus socios, dueños o accionistas. La labor primordial de un banco es la intermediación de recursos, es decir, ser receptor (de los ahorristas) y colocador de dinero (entre los prestatarios). La ganancia del negocio reside –básicamente- en la diferencia o margen existente entre los intereses que paga y los que cobra. La labor “social” o aporte a la sociedad de esta actividad económica se encuentra en que posibilita el financiamiento de otras actividades, en los diversos sectores económicos de la sociedad.

Así, por ejemplo, los ahorros de una familia depositados en un banco cualquiera son prestados a un empresario para que éste compre maquinaria nueva que le permita expandir su negocio. En la medida que el empresario devuelva el préstamo –con sus respectivos intereses-, el banco podrá pagarle a la familia el rendimiento de sus ahorros, asumir sus costos de operación (nómina, gastos generales, etc.) y obtener una utilidad.

En la medida que aumente el volumen de dinero en captaciones y colocaciones, el banco debería generar un círculo virtuoso de intermediación del dinero que apoye el crecimiento y desarrollo económico de una nación. Sin embargo, como todo en la vida, nada es perfecto.

Las fallas del mercado

Cuando “algo” no funciona bien, no cumple el objetivo que se busca, no es lo que se espera, no trabaja en su justa medida, solemos decir que ese “algo” tiene una “falla”. Del mismo modo, cuando en el mercado se presenta una situación de ineficiencia, los recursos no están siendo distribuidos o asignados de la mejor manera, no existe una estructura adecuada, o los costos no se ajustan a la realidad, los economistas solemos decir que existe una “falla de mercado”. En otras palabras, el libre mercado (o mercado perfecto) no está funcionando en forma correcta, o todavía no existe, por factores que generan distorsiones.

En este caso, ante la presencia de una falla se hace necesaria la intervención del Estado para corregir dicho problema, a través del establecimiento de “reglas de juego”, aporte de recursos, de bienes o inclusive haciendo el papel de un miembro más del mercado. Sin embargo, esta intervención estatal debería ser coyuntural y no permanecer en el tiempo pues, de ser así, podría generar nuevos desequilibrios o fallas de mayor envergadura.

Esto se explica pues el Estado, idealizado como la institución organizadora y reguladora de la sociedad, tiene como tareas exclusivas aquellas actividades que no pueden asignarse a ningún agente del sector privado, tales como la administración de justicia, la seguridad interna y externa, la defensa nacional, etc., por lo que al involucrarse en labores del sector privado (que no le corresponden) lo estaría haciendo desempeñando un papel de juez y parte.

El Estado banquero

Sobre la base de lo anterior, cuando se crean instituciones financieras de carácter público, es decir, cuyo único o mayoritario accionista es el Estado, éstas tienen per se ciertas ventajas que no poseen aquellas de capitales privados. La creación de bancos públicos o del Estado generalmente viene justificada en una “falla del mercado”, siendo la más argumentada la falta de atención financiera a un determinado sector económico de la sociedad o a algún grupo social en particular (por ejemplo, población de bajos recursos).

La experiencia en torno a la banca pública es variada en todo el mundo. Hoy en día, existen países industrializados en los que la banca pública concentra desde el 30 hasta el 50% de los activos bancarios. En los países en desarrollo, incluyendo los latinoamericanos, el peso de la banca estatal ha ido disminuyendo paulatinamente desde la década de los noventa, años que se caracterizaron por las privatizaciones y por la apertura de los mercados a la inversión extranjera, lo cual redundó en nuevos servicios para el público y la aparición de una mayor competencia, también beneficiosa para los consumidores.

En la actualidad, Costa Rica destaca como el país latinoamericano en el que la propiedad estatal tiene la mayor proporción del mercado; mientras que Panamá y México resaltan por una importante presencia de capitales extranjeros (propietarios de instituciones financieras). Sin embargo en todos los países también existen bancos de capital mixto (privado y público), así como grupos internacionales que han adquirido/absorbido bancos nacionales que posibilitan su presencia en el país (casos Grupo Santander, Grupo BBVA, entre otros).

No obstante, cada país es un caso particular totalmente distinto de otro. Hay naciones que se han visto más afectadas por crisis financieras internacionales, otras que han sufrido crisis bancarias nacionales (como Venezuela en 1994), países con fuerte presencia de inversiones y capitales extranjeros, etc.; todo lo cual ha tenido influencia en la conformación de su actual estructura financiera. Por ello, sentenciar como buena o mala la presencia de la banca pública en general es demasiado atrevido. Lo que si podemos afirmar es que la presencia de la banca pública debe evitar generar distorsiones en la sociedad o ser una competencia desleal para aquellas instituciones del sector privado.

El caso latinoamericano

Al colocar a la banca privada y pública en la balanza, a nivel latinoamericano, nos encontramos con características peculiares. En general, el factor común es la percepción de los usuarios hacia uno y otro lado: la banca privada es ágil, confiable, “buena”; mientras que la pública suele ser lenta, “insegura” y no tan “buena”.

Es paradójico, sobretodo, la percepción de inseguridad que se tiene de la banca estatal; ya que es el Estado, a través de ciertos organismos, el que suele regular, supervisar y hasta garantizar los depósitos del público en las instituciones financieras. Mal haría un Estado en garantizar o darle un manto de seguridad a la banca privada, descuidando a las suyas. Aunque en teoría, los fondos más “seguros” son aquellos bajo la tutela del Estado; en muchos países se cree todo lo contrario.

El calificativo de no tan “buena” que se gana la banca pública está muy relacionado con la formar de manejar, de gerenciar la institución. Un banco privado tienen que generar utilidades, sea como sea, atraer nuevos clientes y mantener los actuales. Un banco público no tiene como obligación obtener ganancias pues los gobiernos suelen asignarle un carácter “social” al negocio. Sin embargo, ello incide en que la institución se asemeje a un típico ministerio latinoamericano de los años ochenta: burocrático, lento y anticuado.

De hecho, en la gran mayoría de los países latinoamericanos la nómina estatal es depositada en bancos públicos, por lo que convierten a la institución financiera en una extensión más del aparato gubernamental.

El caso venezolano

En Venezuela el sistema bancario ha pasado por una serie de transformaciones profundas en los últimos 15 años. Es innegable que la crisis bancaria (a finales de 1993, pero evidente en 1994) fue el inicio de un proceso de recomposición postergada por muchos años.

Al “caer” el Banco Latino y otros tantos más por un “efecto dominó”, se evidenció que las instituciones financieras no estaban cumpliendo a cabalidad su labor de intermediación. Por el contrario, muchos capitales se “invirtieron” en la compra de edificios, empresas y otros activos fijos nada relacionados con el negocio y de muy poca liquidez. Según datos de la Superintendencia de Bancos, para finales de 1993 existían 132 instituciones financieras, de las cuales el sector privado poseía el 93,6% de los activos del sistema, el 5,7% pertenecía al sector público y apenas un 0,7% a capitales extranjeros. En el 2007, la banca privada posee el 61,56% de los activos del mercado, la pública el 10,52% y la extranjera un importante 27,9%; con apenas 59 instituciones, pero con un vertiginoso crecimiento de los activos en el período.


Un indicador del incumplimiento de la labor de intermediación se puede apreciar en la composición de los activos de las instituciones financieras: en vez de ser la cartera de créditos el que se lleve el mayor volumen, en muchos casos la inversión en títulos valores (bonos, letras, deuda pública) suele competir y hasta ser mayor que la anterior; ello no obstante la obligación de los bancos de otorgar créditos a diversos sectores de la economía con menores ventajas o con bajo acceso a la banca, tales como microempresas y sector agrícola, entre otros.

Mientras más “empapelados” estén los bancos (tener el dinero invertido en “papeles”: bonos, letras, acciones) más inactivo está el dinero, a pesar de que estén generando intereses. En este sentido, esta situación alimenta las fallas de mercado que por naturaleza pudieran existir en el mercado nacional.

Positivo y negativo

¿Qué ventajas y desventajas tiene la existencia de una banca pública? Entre los puntos a favor se puede mencionar, en primer lugar, el “poder” que tiene para propiciar un acomodo del mercado en el caso de que existan aquellas fallas que mencionáramos líneas antes.

En segundo lugar, el fuerte apoyo al proceso de acceso al crédito o “bancarización” de la economía (utilización del sistema financiero para el cobro/pago de las transacciones entre los agentes económicos, lo que posibilita la disminución del uso del dinero físico y la formalización de actividades informales). En otras palabras, promover que las personas sean usuarias/clientes del sistema financiero con sus diversos productos: ahorros y créditos.

Por último, el poder destinar recursos a sectores que no están siendo efectiva y eficientemente atendidos por la banca privada, ya sea porque “no es negocio” para ella, por la falta de garantías del prestatario (riesgo para el banco) o por no poseer una adecuada planta profesional que atienda a una determinada área económica.

Sin embargo, no todo es color de rosa. La banca pública tiene como principal punto en contra la politización, tanto en la toma de decisiones, como en su funcionamiento y establecimiento de políticas internas. En este sentido, el carácter “social” de la banca estatal se desvirtúa por intereses particulares, partidistas, electorales o gubernamentales.

Por otro lado, las estructuras organizacionales de los bancos del Estado corren un grave peligro si son manejadas como si fuese un ministerio (burocracia), bajo criterios personales, por ensayo y error, o si el personal es seleccionado por criterios distintos al aspecto profesional.

Por último, se encuentra la posibilidad de realizar prácticas de competencia desleal o comportamiento anticompetitivo, sobre la base de las ventajas que le da tener el apoyo estatal para sus actividades; lo cual a la larga pudiera generar distorsiones y desequilibrios en el sistema financiero.

Sana competencia

En la actualidad el sistema bancario se encuentra sujeto a una serie de controles, más allá de las regulaciones normales y saludables que debe tener toda institución financiera. Para empezar, las tasas de interés no están determinadas por el mercado (oferta y demanda) sino por límites establecidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), en línea con la facultad que el ente tiene de manejar la política monetaria nacional.

Por otro lado, dado el uso y abuso del cobro de comisiones “por todo” –en algunos bancos privados, rayando con lo absurdo- el BCV también reguló recientemente dichos conceptos; sin dejar de mencionar la obligación de tener en sus respectivas carteras, préstamos a determinados sectores de la economía.

Obviamente todas estas “reglas de juego” tienden a poner orden a un sistema financiero nacional que hoy, en el 2008, se sigue transformando y aún tiene muchas imperfecciones. Las normas son de fiel cumplimiento para la banca privada y para la pública, lo que las obliga –a ambas- a ser más eficientes, competitivas e innovadoras.

En el sector estatal se aprecian esfuerzos hacia esa dirección, tales como el anunciado proyecto de unificación de la banca pública, en el que participan los bancos Industrial de Venezuela, del Tesoro, Agrícola de Venezuela y Banfoandes.

En el caso del sector privado, las energías se han venido enfocando hacia el uso de la tecnología, de Internet, del dinero plástico y en políticas de menores costos posibles, tanto para la institución como para el cliente. Sin embargo, puede percibirse –en algunas instituciones- el creciente descuido en el área de la atención al público y en el de la comunicación interna. Si bien es cierto que no existen los altos niveles de rotación de personal de años atrás, el descontento laboral suele afectar y reflejarse en la calidad del servicio.

Al final del día lo que interesa es que la sociedad, las personas, sean beneficiadas por la existencia de un sistema financiero confiable, seguro, competitivo y dinámico. Sin embargo, la presencia de instituciones que permitan al público invertir, ahorrar –de verdad- y de acceder al crédito no depende exclusivamente de normas, de regulaciones o de controles.

Está en manos del gobierno tener un programa económico sostenible, con objetivos claros, que posibilite a todos y cada uno de los habitantes de la nación desarrollarse en el campo que cada quien elija. Los bancos no son un lujo, no son sólo para ricos. Las instituciones financieras son un engranaje más de ese gran motor que es la economía y, como cualquier pieza, hay que hacerle mantenimiento o renovarla cuando sea necesario.

(*) Artículo publicado en el encarte "Business al Día", del semanario Quinto Día, del 28 de marzo al 4 de abril de 2008.

Ilustraciones: Daniel Velasco, Rayma

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